La situación que vive el país por los femicidios tiene consideraciones que preocupan a los sectores vinculados con la protección y la seguridad de las mujeres: solo del 2022 al 2024 la tasa nacional de este delito aumentó de 0.59 a 1 por cada 100 mil mujeres, cuando los crímenes fueron cometidos por sus exparejas sentimentales.
El dato fue revelado por Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, durante el conversatorio De la indignación a la acción: respuestas ante el femicidio, organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
La actividad se organizó en un momento en que los femicidios en el país vienen en aumento. Solo en los primeros tres meses de 2025 se han registrado 13 casos, mientras que desde la pandemia, la cifra ha oscilado: 25 asesinatos en el 2022, luego subió a 31 en el 2023, mientras que el año anterior se ubicó en 30, de acuerdo con los datos aportados por Mesa.
No existe una causa única que explique la situación de vulnerabilidad de las mujeres, según la vocera de la Red Feminista. El debilitamiento de las políticas públicas y de la institucionalidad, representada por el Instituto de Estudios de la Mujer (Inamu), además de la violencia generalizada que vive el país, repercute en las estadísticas.
En este contexto, Mesa no entiende cómo, desde el Gobierno, no se ha declarado emergencia nacional el aumento de los femicidios, medida que permitiría el traslado de recursos económicos hacia la prevención y la contención del delito. Sin embargo, la posición de la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, ha sido que existen impedimentos legales para proceder con dicha declaratoria.
Desde su punto de vista, la emergencia nacional se puede declarar solo ante situaciones de catástrofes naturales o de grave conmoción interna. “Yo me pregunto, ¿13 femicidios en menos de tres meses no es una conmoción interna? ¿Qué está pasando con esta sociedad? Nos dicen que hay plata, pero ¿por qué no hay recursos para el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y así investigue los femicidios o para el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) y otorgue de esta manera ayudas sociales a las mujeres”, recriminó Silvia Mesa.
Las falencias anteriores se dan a pesar de que el país cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Adina Castro, coordinadora del área de Violencia de Género del Inamu, explicó en el conversatorio que se definieron seis ejes, donde destacan la promoción de una cultura no machista, el abordaje de las masculinidades, la ruptura del ciclo de violencia en niñas y adolescentes madres o en estado de embarazo, la protección efectiva y la debida diligencia, así como la prevención de la violencia sexual y el femicidio.
Sin embargo, los delitos siguen ocurriendo y el sistema no parece tener respuestas ante el fenómeno. Ejemplo de ello, indicó Mesa, es que Costa Rica ratificó, desde 1995, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), y actuar con la debida diligencia señalada por el Inamu.
Pero, en los casos del acceso a la justicia de las víctimas y familiares de violencia, persisten situaciones que afectan su cumplimiento: “los tiempos que tardan los procesos y la existencia de mecanismos judiciales efectivos, imparciales, adecuados y de reparación.
Como sociedad civil nos preocupa que en los procesos de femicidios no se apliquen los protocolos de investigación y sanción especializados en este tipo de delitos”, agregó Mesa.
Aunque resaltó la labor de las fiscalías adjuntas de asuntos de género en el Poder Judicial, lamentó que no existe en todas las jurisdicciones.
Violencia simbólica
Asimismo, desde la Red Feminista hicieron un llamado para disminuir la violencia simbólica (aquella que no es perceptible en primera instancia), pero que afecta a las mujeres. Ejemplo de ello son las manifestaciones públicas que, de acuerdo con Mesa, subvaloran la educación que se brinda a niños y a niñas en temas de prevención de violencia.
Por el contrario, consideró que esta es la ruta correcta, porque se trata de un cambio cultural necesario. “Estos son procesos lentos, llevan muchos años y pueden requerir hasta tres generaciones”. Nada de esto abona a la urgencia de crear entornos de respeto y equidad “y peor aun cuando semana por semana se escuchan los discursos machistas, misóginos y de odio, emitidos desde Casa Presidencial”, agregó.
¿Qué se puede hacer?
Larissa Arroyo, abogada experta en temas de derechos humanos y académica de la IEM, aportó elementos que sirven de guía para generar una respuesta eficaz ante el incremento de femicidios. Desde las universidades, considera que se pueden ampliar las redes de investigación sobre violencia de género y las masculinidades, así como su impacto en las políticas públicas.
Además, sistematizar datos sobre las dinámicas de violación, discriminación e impunidad y utilizarlos para proponer estrategias de prevención y evaluar el marco legal costarricense aplicable a esta materia.
Uno de los aportes fundamentales que puede hacer la academia es la de desempeñar un rol de articulación entre gobiernos y la sociedad civil. “Debemos involucrarnos en la función de monitoreo de políticas, por ejemplo, cuando se crean proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, ojalá nos pidieran criterio a todas las universidades. Incluye también una vigilancia crítica del cumplimiento de los compromisos internacionales, asumidos por Costa Rica”, ejemplificó Arroyo.
La experta llamó una estrategia de “educación transformadora” la acción que debe emprenderse para incorporar la perspectiva de género en todos los niveles educativos, deconstruir los mitos alrededor del “amor romántico” y los roles derivados de él, formar profesionales sensibles tanto en el ámbito de la docencia como en el judicial y capacitar a los operadores de justicia (fiscales, jueces, fuerzas de seguridad) para mejorar la aplicación de la ley.
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UNA
